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Reforma del código penal: ¿final del túnel?

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Después de varios aplazamientos, la fecha límite para presentar enmiendas relacionadas con el proyecto de reforma del código penal se ha fijado para ayer, viernes. Posteriormente se programará una reunión decisiva para la aprobación de este texto en comisión, antes de su transferencia a la sesión plenaria (Ph. Bziouat)

¿Será el momento idoneo? Al menos esto es lo que muchos observadores esperan con respecto a la adopción de la reforma del código penal, actualmente a nivel de la Comisión de Justicia y Legislación de la Cámara de Representantes. La fecha límite para la presentación de enmiendas se ha pospuesto varias veces para este proyecto de ley, que ha estado bloqueado en el Parlamento desde 2016. Finalmente, la última fecha límite se establecía, como antes dicho, para ayer viernes, a pesar de la ausencia de un acuerdo sobre ciertos puntos de divergencia.

 Los repetidos aplazamientos tenían como objetivo lograr un consenso en torno a las disposiciones de este texto. Entre los temas que reavivan las pasiones: la supervisión de la interrupción voluntaria del embarazo. Este punto continúa dividiendo a los grupos parlamentarios, algunos de los cuales quieren continuar las discusiones sobre este tema, en particular para permitir que se tengan en cuenta las reclamaciones de asociaciones y ciertos profesionales que exigen la ampliación de los casos en los que no se considera el recurso al aborto como un crimen. Esta voluntad se cumple con la negativa del PJD, que se aferra al “umbral fijado por los resultados del debate que terminó en el arbitraje real”.

Otro tema de divergencia es la despenalización de las relaciones consentidas entre adultos. En este punto, los grupos parlamentarios se niegan a participar abiertamente, incluso si enfatizan la importancia de proteger las libertades individuales.

Omar Balafrej, diputado del FGD, quien dijo que apoyaba esta despenalización, fue objeto de una campaña de desprestigio en las redes sociales. Entre las disposiciones que también han generado mucho debate, la cuestión de castigar el enriquecimiento ilícito. Este proyecto de ley preveía multas que van desde 100,000 hasta 1 millón de DH contra responsables cuya riqueza ha aumentado injustificadamente.

Si la ausencia de acuerdo sobre ciertas disposiciones ha bloqueado el proceso de adopción de este texto estratégico, tendrá que participar en la resolución de ciertos problemas relacionados con la política penal. Este proyecto de ley introdujo nuevas medidas, particularmente oraciones alternativas.

Estas se consideran como una de las soluciones para aliviar el hacinamiento en las cárceles, que se menciona regularmente en los informes de los organismos de protección de los derechos humanos. Entre las sanciones previstas: servicio comunitario, multa diaria, restricción de derechos, etc.

De: L’Economiste

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