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  Revista de prensa/ “Medias 24” Respuesta sin lenguaje de madera al Abogado General del Tribunal Europeo de Justicia Fathallah El-Guernaoui Jurista internacionalista

 

 El pasado día 10, las conclusiones del Abogado General en el asunto C-266/16 sobre el acuerdo de pesca y el protocolo que  fijan las posibilidades de pesca fueron presentados ante el Tribunal Europeo por el Abogado General.

Fathalah Guernaoui
Jurista intern acionalista
Una larga ponencia con un abanico de argumentos  articulados que deja trasparecer un incansable esfuerzo de su autor para convencer al trubunal que « el acuerdo de pesca y el protocolo de 2013 son incompatibles con el artículo 3, párrafo 5, del Tratado UE (Tratado en la Unión Europea), el primer párrafo del artículo 21, apartado 1, del TUE, que impone a la Unión que su acción exterior respete estrictamente el Derecho internacional». (Párrafo 286 de la opinión del Abogado General). Estas conclusiones forman íntimamente parte del proceso de toma de decisiones que se alcanzará al final del juicio ante el tribunal UE este año 2018.
Estamos en el marco de un proceso jurisdiccional, la cuestión esencial que estas en el que las  conclusiones planteadas no giran en torno a si el Tribunal lo seguirá o se apartará de él.
La pregunta acuciante es si las partes en la apelación (Confederación Marroquí de los agricultores y el desarrollo rural, Comader) (párrafo 33 de las conclusiones) pueden, y cómo, discutir los resultados de la juez, para contrarrestar sus argumentos, desafiar su motivación, criticar sus premisas y traerle en cada punto la contradicción, argumento contra argumento. La respuesta a esta pregunta de principio es negativa. 
Es lamentable que las alegaciones del Abogado General no puedan ser contradictoriamente discutidas ante el Tribunal; esta imposibilidad de procedimiento que  es una verdadera prohibición está consagrada en el artículo 82 del Reglamento de la Corte: « el Presidente [de la Corte] cerrará la fase oral del procedimiento tras la presentación de los resultados del Abogado General”.
Con vistas a los principios contradictorios de igualdad de armas en los que se impone el respeto en todo proceso judicial deben ser respetados en cualquier proceso penal, no puedo más que criticar esta inmunidad de crítica adjunta, sin ser justificada, a las conclusiones del Abogado General.
El hecho de que su razonamiento, sus argumentos y las soluciones que ha propuesto a la Corte para adoptar sobre el acuerdo de pesca estén totalmente eliminados de la controversia, que es la esencia de la lógica judicial, en sí misma un índice suficiente que, como un todo, el juicio del acuerdo de pesca, al que se refieren estas conclusiones, no es un juicio justo.
La justicia no solo debe pronunciarse, sino que también debe dar la sensación de que ha sido atinada.
Si nadie puede discutir legalmente ante la Corte la validez de las conclusiones del Abogado General, se debe, sin embargo, ser capaz de denunciarlas, señalando la inconsistencia de las premisas del Asesor General, la política marcada ancla de su razonamiento, el arraigo políticamente marcado de su razonamiento, la instrumentalización que ha hecho de las fuentes del derecho internacional y especialmente cuáles pueden ser los objetivos lejanos de sus conclusiones.
On peine à saisir la rationalité de l’avocat général lorsqu’il considère que l’accord de pêche s’applique alors qu’il a catégoriquement opiné en défaveur de l’application de l’accord agricole. Vérité en deçà des Pyrénées, erreur au-delà!
Je ne vais pas élaborer davantage sur les raisons techniques que l’avocat général a avancées aussi bien en faveur qu’on défaveur de l’application des accords, mais ce qui vaut surtout la peine d’être souligné ici, c’est l’incohérence des prémisses de base dans son raisonnement.
Il serait simpliste de qualifier cette incohérence de fortuite vu les enjeux que posent ces accords surtout pour l’Union européenne.
Pourquoi l’avocat général dans ses conclusions a cru devoir écrire (paragraphe 2) «ces questions [demande préjudicielle visant les accords internationaux conclus par l’Union, ainsi que leurs actes de conclusion] sont d’une importance primordiale en ce qui concerne le contrôle juridictionnel de l’action extérieure de l’Union et le processus de décolonisation du Sahara occidental qui est en cours depuis les années 1960».?
En cuarenta (40) páginas expuesta y doscientas setenta y nueve (279) notas al pie, el Abogado General afirma sus puntos de vista con una garantía de unión que toma su análisis de la impresión de una verdad definitiva considerando que no existe el derecho de manifestación absoluta. Existen justificaciones más o menos convincentes que se toman, mediante el uso de una autoridad jurisdiccional, una decisión que se considera la norma legal. La verdad legal nunca ha sido la prueba de la evidencia.
¿Por qué el Abogado General en su Dictamen (apartado 62) afirma que « la interpretación del Acuerdo de pesca y el Protocolo de 2013 de conformidad con el artículo 31 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los tratados conducen a la conclusión de que son bien aplicables al territorio del Sahara Occidental y las aguas adyacentes a él « .
En sus conclusiones pronunciadas el 13 de septiembre del 2016 en el asunto C-104/ 16 del 21 de diciembre 2016 (Consejo/ Frente Polisario), el mismo Abogado General concluyó que « ni el Acuerdo de Asociación UE-Marruecos, ni el acuerdo sobre la liberalización del comercio de productos agrícolas y la pesca se aplican al Sahara Occidental « .
Es difícil comprender la racionalidad del Abogado General cuando considera que el acuerdo de pesca se aplica cuando optó categóricamente en contra de la aplicación del acuerdo agrícola. La verdad en este lado de los Pirineos, error más allá!
No voy a profundizar en los motivos técnicos que el Abogado General ha presentado a favor de negar la aplicación de los acuerdos, pero lo que es especialmente digno de mención aquí es la inconsistencia de premisas básicas en su razonamiento.
Sería simplista caracterizar esta incoherencia como fortuita dado el interés que representan estos acuerdos, especialmente para la Unión Europea.
¿Por qué el Abogado General en sus conclusiones
Sería simplista caracterizar esta incoherencia como fortuita dado el interés que representan estos acuerdos, especialmente para la Unión Europea.
¿Por qué el Abogado General en sus conclusiones ha considerado necesario escribir (apartado 2) que « estas cuestiones [solicitud de resolución preliminar sobre los acuerdos internacionales celebrados por la Unión, así como sus actos de conclusión] son ​​de primordial importancia con respecto a la del control judicial de la acción exterior de la Unión y el proceso de descolonización del Sáhara Occidental en curso desde la década de 1960?».
Si la revisión judicial de la acción exterior de la Unión Europea es un atributo reconocido del Tribunal de Justicia de la Unión sobre el cual el Abogado General está designado para emitir una opinión, es diferente de lo que el mismo alto magistrado, califica como « proceso de descolonización del Sáhara Occidental ».
La unión de esta problemática política con una cuestión técnica de control judicial solo puede ser justificada por un motivo de militancia judicial.
Objetivamente, el procedimiento C-266/16 se refiere a cuatro (4) preguntas remitidas por el Tribunal Superior de Justicia de Inglaterra, según la técnica de la petición de decisión prejudicial, al Tribunal Europeo sobre el acuerdo pesquero entre la Unión Europea y Marruecos
El procedimiento prejudicial se deriva del artículo 267 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) y tiene por objeto determinar la validez e interpretación de los actos adoptados por las instituciones, órganos u organismos de la Unión.
Cuando el Abogado General adjunta el « proceso de descolonización del Sáhara Occidental » a la cuestión jurídica de la validez del acuerdo de pesca, se plantea a sí mismo una nueva pregunta que no forma parte de las que el tribunal de remisión (el Tribunal Superior de Inglaterra) ha planteado ante el Tribunal Europeo. Basta con convencerse para referirse a sus cuatro (4) preguntas que el Diario Oficial de la Unión Europea publicó en su número C260 / 32 de fecha 18 de julio de 2017.
Debe precisarse aquí que el Abogado General comete un abuso, ha emitido una opinión sobre una cuestión que no ha sido formulada por el tribunal que hace la referencia, al execeder tanto el objeto como el objetivo del procedimiento de resolución preliminar. El hecho es que, tal como están las cosas en este momento, este error no puede, lamentablemente, corregirse porque las presentaciones del Abogado General no están sujetas a ninguna revisión.
La falta de control y la falta de un debate contradictorio caracterizan las conclusiones del Abogado General.
¿Por qué pensó el Abogado General que estaba autorizado a adelantarse a los esfuerzos del Consejo y de la Comisión Europea para encontrar bases jurídicas compatibles con la aplicación del acuerdo agrícola después de la sentencia del Tribunal C- 104 de 21 de diciembre del 2016 al expresar abiertamente en sus conclusiones dudas sobre la posibilidad legal de hacer que el acuerdo agrícola sea aplicable al Sahara?
 En el párrafo 144 de sus conclusiones, el Abogado General escribió: « La solución prevista por el Consejo y la Comisión para poner la aplicación del Acuerdo de Asociación en el Sáhara Occidental de conformidad con la sentencia sería ampliar su alcance por acuerdo en forma de canje de notas entre la Unión y el Reino de Marruecos para cubrir expresamente el Sáhara Occidental « en el siguiente párrafo número 145, añadió: » No estoy convencido de este argumento».
Existe una tendencia al obstruccionismo en el Abogado General. El deber de reserva o al menos la obligación de la prudencia le habría impedido pronunciarse, con escepticismo, sobre las modalidades futuras con las que Marruecos y la Unión Europea se proponen seguir, de conformidad con el derecho internacional, su cooperación económica.
Los apartados 145 y 145 de la Opinión del Abogado General me llevan a considerar que el mensaje que está enviando es que la sentencia del 21 de diciembre de 2016 que sostuvo que el Acuerdo de Asociación y el Acuerdo de Agricultura no son aplicables al « Sahara Occidental » es insuperable. No olvidemos nunca que esta sentencia del 21 de diciembre del 2016 fue precedida por las conclusiones del mismo Abogado General, en persona, que la Corte ha refrendado.
Impresionado por la abundancia de notas a pie de página en las conclusiones del Abogado General, me recomendé leer el contenido de la misma, y ​​observé que la sentencia del Tribunal en el asunto C-104/16 de 21 de diciembre el Abogado General cita al acuerdo agrícola en seis (6) ocasiones.
Si uno se da cuenta de que esta sentencia se basa en las conclusiones de este mismo Abogado General, comprenderemos mejor este mecanismo judicial cerrado en el que las conclusiones conducen a una sentencia del propio Tribunal que, tras el apoyo de otras conclusiones que podrían formar otro juicio. Las conclusiones y los juicios que las siguen siempre tienen el mismo significado.
Cuando el Abogado General se basa en la sentencia del Tribunal de Justicia C-104/16 de 2
Si uno se da cuenta de que esta sentencia se basa en las conclusiones de este mismo Abogado General, comprenderemos mejor este mecanismo judicial cerrado en el que las conclusiones conducen a una sentencia del propio Tribunal que, tras el apoyo de otras conclusiones que podrían formar otro juicio. Las conclusiones y los juicios que las siguen siempre tienen el mismo significado.
Cuando el Abogado General se basa en la sentencia del Tribunal C-104/16, del 21 de diciembre del 2016, aparentemente hace un llamamiento a la jurisprudencia del Tribunal, pero lo que sigue a continuación esta apariencia, es su propia conclusión que el tribunal formalmente se convirtió en un juicio para que, en última instancia, el contenido de los hallazgos en el caso del acuerdo de pesca, esté constituido en parte por los hallazgos en el caso del acuerdo agrícola.
Es necesario desmitificar este juego de papeles que no corresponde con los temas presentados por un acuerdo internacional negociado y aplicar de buena fe por sus partes.
Otra sentencia ampliamente utilizada por el Abogado General en sus conclusiones es la emitida en el 2004 por la Corte Internacional de Justicia: Consecuencias jurídicas de la construcción de un muro en el territorio palestino ocupado.
He identificado diecisiete (17) ocurrencias u opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia citada por el general sin persuadirme del requisito legal que hace la referencia pertinente por el Abogado General a este dictamen en una disputa sobre un acuerdo económico. ¿No es el acuerdo de pesca nombrado después de la asociación entre la Unión Europea y Marruecos en el sector de la pesca y su protocolo establece las posibilidades de pesca previstas en el acuerdo?
El uso recurrente en la Opinión del Abogado General de la opinión de la Corte Internacional de Justicia sobre las consecuencias jurídicas de la construcción de un muro en el territorio palestino ocupado precede a una lógica de cambio. Establece -el uso- un paralelismo entre la situación de hecho de la ocupación tratada por la Corte Internacional de Justicia en su dictamen de 2004 y la situación a juzgar por el fallo del Tribunal Europeo sobre la validez del acuerdo de pesca; insinúa que la percepción pública de este litigio es una dimensión históricamente pesada y, desde un punto de vista emocional, sobrecargada de símbolos.
Las consecuencias legales de esta amalgama y su impacto en la opinión pública son serias para permanecer en silencio.
Paso ahora al significado de los hallazgos del Abogado General, un significado que no se percibiría de manera ordenada si uno se limitara a un enfoque centrado en la ley que nunca es un fin en sí mismo.
Estas conclusiones no intervienen en un vacuo, sino se llevan a cabo en un contexto marcado por:
(I) la sentencia del Tribunal Europeo del 21 de diciembre del 2016 que sostuvo que el Acuerdo de Asociación y el Acuerdo Agrícola eran inaplicables al « Sahara Occidental »,
II) el activismo de Marruecos que culminó en la adopción por el Consejo Europeo el 29 de mayo l 2017 del mandato de negociación para modificar el acuerdo agrícola a fin de hacerlo compatible jurídicamente con la sentencia del Tribunal y,
(III) el plazo para el acuerdo de pesca se alcanzará en julio de 2018.
En este contexto, las conclusiones del Abogado General tienen su significado porque reflejan la reacción del poder judicial europeo ante las acciones del poder ejecutivo de la Unión para mantener, mediante la adopción de estos acuerdos.
El carácter radical de las conclusiones del Abogado General, sus puntos de vista claros sobre el acuerdo pesquero, su uso de referencias al Derecho internacional que están muy alejadas del tema en discusión para apoyar su razonamiento, contrastan con el contenido de las declaraciones públicas hechas en nombre del Consejo y de la Comisión Europea sobre el futuro « asegurado » de estos acuerdos.
 
Uno puede preguntarse si el poder judicial europeo no pretende desautorizar al poder ejecutivo europeo.
La batalla legal de los acuerdos económicos entre Marruecos y la Unión Europea también se está convirtiendo en una batalla interna contra las instituciones de la Unión.
Este hallazgo ampliamente compartido no sugiere que Marruecos esté en una posición de retirada, aunque es técnicamente correcto que Marruecos no sea, en el sentido de procedimiento, parte en este litigio ante el Tribunal.
Cualquiera que sea el resultado de esta batalla interna, se resolverá teniendo en cuenta los intereses económicos de la Unión. Marruecos también debe seguir velando pragmáticamente por sus propios intereses y, si es necesario, usar su relación de fuerza en esta batalla.
En estas reflexiones marginales sobre las conclusiones del Abogado General, conscientemente me limité a expresar ideas que son autosuficientes. Aquellas que me parecen respaldadas por un razonamiento convincente. El objetivo no es responder específicamente a estas conclusiones sino denunciar la brecha que las separa de lo que es el razonamiento y el método legal que obedecen a cánones específicos y obligatorios.
 
Estas conclusiones no son objetivas, e incluso si pueden dejar un lugar para la subjetividad de su autor, esta subjetividad no es intelectualmente honesta.
No creo en la eficacia de la respuesta a las conclusiones del Abogado General, que están protegidas por el estatuto que ocupa en el Tribunal, sino que, por lo contrario, no es vano estimular la reflexión, arrojar luz sobre lo que me pareció parcial en su contenido sin haber agotado el debate sobre ellos.
 
 
 
 
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