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RSF atenta contra las instituciones nacionales mediante afirmaciones falsas y difamatorias (Departamento de Comunicación)

Rabat – Map

El departamento de Comunicación del Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes ha publicado este miércoles una aclaración en relación con los « ataques injustificados » y « afirmaciones difamatorias » de Reporteros Sin Fronteras (RSF), que acaba de publicar una cápsula video que contiene graves falsedades sobre el estado de la libertad de expresión en Marruecos.

En su documento en reacción a las alegaciones de RSF, el Departamento de Comunicación señaló que RSF « se empeña en atentar contra las instituciones nacionales mediante afirmaciones falsas y difamatorias ».

RSF evoca de manera errónea los casos de periodistas sobre los que la justicia marroquí se ha pronunciado definitivamente, en el marco de juicios justos que han desembocado en su condena o en su liberación después de haberse beneficiado un indulto real, precisa la fuente.

Añadió que esta organización « finge desconocer que la condición de periodista no confiere ninguna inmunidad judicial que permita a los periodistas gozar de un estatus especial que los sitúe por encima de la ley, sabiendo que corresponde a los tribunales, y sólo a ellos, decidir soberanamente sobre las denuncias de que son objeto ».

Para el Departamento de Comunicación, RSF ha mostrado a través de esta cápsula « un inexcusable desconocimiento del sistema institucional marroquí », al referirse « indebidamente a los servicios secretos marroquíes » como el origen de los procedimientos judiciales contra los periodistas ».

Por otra parte, la organización también ha ocultado « el hecho de que en 2011 Marruecos se ha dotado de un instrumento constitucional que refuerza la independencia del poder judicial, materializada en las leyes orgánicas sobre el Consejo Supremo del Poder Judicial y el estatuto de la magistratura, adoptadas por el Parlamento en 2016 tras una gestión participativa celebrada por la Comisión de Venecia ».

El vídeo publicado por RSF llega incluso a negar a las presuntas víctimas de abusos sexuales su derecho fundamental a emprender acciones legales contra sus presuntos agresores, desacreditando sus denuncias en violación de los principios y normas universales establecidos en este ámbito ».

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