TINDUF EN EL FOCO INTERNACIONAL: UN LLAMAMIENTO URGENTE POR LA DIGNIDAD HUMANA Y LOS DERECHOS DE SU POBLACIÓN Por Dr. Lahoucine Bekkar Sbaaï

La dignidad humana y los derechos fundamentales no admiten demoras.

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_ Dr. Lahoucine Bekkar Sbaaï _ Abogado de los Colegios de Abogados de Agadir, Guelmim y El Aaiún Habilitado ante el Tribunal de Casación. _ Director del Polo de África y Cooperación Internacional Centro Internacional de Seguridad, Migración y Desarrollo – Rabat.
Highlights
  • Reclaman un censo individual de la población y mayor supervisión humanitaria en los campamentos.

Desde una perspectiva de responsabilidad jurídica, de derechos humanos y humanitaria, y con el firme compromiso de preservar la dignidad humana y garantizar los derechos fundamentales de todas las personas, el Dr. Lahoucine Bekkar Sbaaï, abogado de los Colegios de Abogados de Agadir, Guelmim y El Aaiún, habilitado ante el Tribunal de Casación y Director del Polo de África y Cooperación Internacional del Centro Internacional de Seguridad, Migración y Desarrollo, con sede en Rabat, dirige un llamamiento al Gobierno argelino para que permita al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) ejercer plenamente su mandato, mediante la realización de un censo y un registro individual, exhaustivo y actualizado de la población de los campamentos de Tinduf, de conformidad con las normas internacionales aplicables y los procedimientos establecidos por dicho organismo.

Este proceso deberá llevarse a cabo respetando plenamente la dignidad humana, la protección de los datos personales y la confidencialidad de la información recopilada, garantizando que esta no sea utilizada de ninguna manera que pueda perjudicar a las personas registradas, poner en riesgo su seguridad o vulnerar sus derechos.

Determinar el número real de personas que residen en los campamentos, así como conocer con precisión sus condiciones de vida, necesidades y circunstancias particulares, no constituye una mera operación administrativa o técnica. Se trata de una medida esencial para garantizar una distribución justa y transparente de la ayuda humanitaria, asegurar que llegue efectivamente a quienes la necesitan y fortalecer los principios de transparencia y rendición de cuentas, prestando especial atención a los colectivos más vulnerables, en particular los niños, las mujeres, las personas mayores y las personas con discapacidad.

En este mismo contexto, consideramos indispensable garantizar el acceso de los organismos humanitarios y de derechos humanos independientes a los campamentos, permitiéndoles observar directamente las condiciones de vida y la situación humanitaria de la población, así como escuchar a sus habitantes de manera directa, libre y segura.

Dicho acceso debe permitir verificar las denuncias y los informes relativos a presuntas situaciones de detención, restricciones a la libertad de circulación y otras posibles vulneraciones de derechos fundamentales, con el fin de esclarecer los hechos, garantizar el acceso a la justicia y promover medidas de reparación para las víctimas de las violaciones de derechos humanos atribuidas al Frente Polisario, de conformidad con el derecho internacional y las garantías jurídicas aplicables.

Las presentes reivindicaciones encuentran fundamento en los principios y obligaciones establecidos por los instrumentos internacionales relativos a la protección de los refugiados y los derechos humanos.

Entre ellos destaca la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su Protocolo de 1967, que consagran el principio de no discriminación en el ejercicio de los derechos reconocidos en dichos instrumentos y establecen obligaciones de cooperación con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, así como la necesidad de facilitar el ejercicio de las funciones que le han sido encomendadas.

Asimismo, resulta pertinente la Convención de la Organización de la Unidad Africana por la que se regulan los aspectos específicos de los problemas de los refugiados en África, que reafirma los principios fundamentales de protección internacional de los refugiados, especialmente la protección contra la devolución forzosa y el carácter voluntario de la repatriación.

Esta iniciativa también se fundamenta en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que garantiza el derecho a la libertad y a la seguridad personales, prohíbe la detención y el encarcelamiento arbitrarios y reconoce la libertad de circulación, de conformidad con las condiciones y limitaciones establecidas por la ley.

Igualmente, debe tenerse en cuenta la Convención sobre los Derechos del Niño, que reconoce el derecho de todo niño a ser inscrito inmediatamente después de su nacimiento y establece la obligación de proporcionar protección, cuidados y asistencia humanitaria adecuada a los niños solicitantes de asilo y refugiados, teniendo siempre presente el interés superior del menor y garantizando el respeto de sus derechos fundamentales.

A ello se añaden las normas y directrices del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados relativas al registro de personas, que insisten en la necesidad de establecer sistemas de registro individual precisos y seguros, capaces de identificar a las personas y determinar sus necesidades específicas, preservando en todo momento la confidencialidad de sus datos personales, su dignidad y su seguridad, y evitando que la recopilación, el tratamiento o la utilización de dicha información pueda exponerlas a riesgos o perjuicios.

El respeto efectivo de estos instrumentos y principios internacionales no puede limitarse a una mera declaración de intenciones. Exige su traducción en medidas concretas y verificables, mediante el establecimiento de una cooperación seria, efectiva y transparente con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, que le permita llevar a cabo las operaciones de registro y censo, así como actualizar periódicamente la información recopilada.

Todo ello deberá realizarse respetando plenamente la voluntad de la población, garantizando la protección de sus datos personales y evitando cualquier utilización de estos que pueda poner en peligro su integridad, su seguridad o el ejercicio de sus derechos fundamentales.

Asimismo, dirigimos este llamamiento a las instituciones y organismos internacionales competentes en materia de derechos humanos y acción humanitaria, así como a todas las entidades gubernamentales y no gubernamentales que desempeñan responsabilidades jurídicas, humanitarias o de protección de los derechos fundamentales, para que intensifiquen sus esfuerzos y refuercen el seguimiento de la situación en los campamentos de Tinduf, contribuyendo a dar respuesta a las necesidades humanitarias y de derechos humanos de su población.

Este llamamiento se dirige, de manera particular, al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y a sus mecanismos correspondientes, al Comité Internacional de la Cruz Roja, al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), al Programa Mundial de Alimentos (PMA), así como a las organizaciones internacionales independientes de derechos humanos, entre ellas Amnistía Internacional y Human Rights Watch.

Se solicita a cada una de estas instituciones y organizaciones, dentro del ámbito de su mandato jurídico y de sus respectivas competencias, que desempeñen sus funciones de supervisión, seguimiento, protección y asistencia, de conformidad con las normas internacionales aplicables.

La dignidad humana y los derechos fundamentales constituyen principios universales que no deben quedar subordinados a consideraciones ni controversias políticas. El sufrimiento de la población tampoco puede justificar el aplazamiento de la respuesta a sus derechos ni la desatención de sus legítimas reivindicaciones.

Por todo ello, la actual situación exige una actuación humanitaria y de derechos humanos responsable, basada en la cooperación, la transparencia y el respeto de las obligaciones internacionales, que sitúe en el centro de sus prioridades la protección de la población de los campamentos, la escucha libre y segura de sus aspiraciones y denuncias, la garantía de sus derechos fundamentales y la creación de condiciones que permitan una vida digna para todas las personas.

La protección de la dignidad humana no admite demoras, discriminaciones ni respuestas selectivas. Es una responsabilidad jurídica, humanitaria y moral que exige compromisos concretos y actuaciones efectivas.

 

Traducido del árabe por: Abdessamad Benyaich

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