Trabajadoras jornaleras marroquies en España: Entre el desmentido de Marruecos y los relatos de la prensa alemana

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Nos hacemos eco de la información publicada el 30 de abril por  corrective.org , una reputada organización alemana que relata bajo el título “Él viene por la tarde”  el  suplicio vivido por decenas de mujeres que emigran a los campos  en las campañas agrícolas con la intención de ganarse la vida y que se ven inmersas en un auténtico infierno laboral y personal, sufriendo abuso sexual por parte de los responsables de las plantaciones, maltrato físico, pésimas condiciones laborales cercanas a la esclavitud e impotencia ante el silencio de las administraciones, que confirman el temor  a que sus denuncias  sólo las conduzcan a perder sus puestos de trabajo.

Imrani Idrissi Hamid
Las periodistas Pascale Mueller y Stefania Prandi recogen los testimonios de cientos de mujeres emigrantes recopilados un año atrás.
El magazine explica cómo más de 300.000 toneladas de fresas se cosechan anualmente en Andalucía bajo el desierto de invernaderos de plástico y que son el enriquecimiento de la zona de Palos de la Frontera, pero donde ni lugareños ni las cooperativas comerciales ni el Ministerio ni la  Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía ni organizaciones de defensa de los derechos humanos en la zona, han querido pronunciarse ante su requerimiento a ser entrevistados.
Personalmente me puse en contacto con el Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT)  por tener conocimiento de que este sindicato había sido el único en denunciar estos hechos ante las autoridades años atrás, quien a su vez me derivó a la Asociación Pro-Derechos Humanos de Huelva y un miembro de esta asociación considerando que en estos momentos el tema se hallaba en un momento delicado tras el artículo de corrective.org, declinando facilitarme nueva información a la ya publicada por el magazine alemán.
Como decía, el SAT ha reconocido que existe constancia hace años de casos de violaciones pero que las jornaleras “no se atreven a dar la cara porque las despiden y no tienen nada más que llevar a sus casa de comer” y ha instado a la propia Fiscalía “que venga y vea lo que está pasando” declaraba Oscar Reina, secretario general del SAT ante los medios a las puertas de la Subdelegación del Gobierno de Huelva. Este mismo sindicato ha ofrecido asesoramiento jurídico gratuito y acompañamiento en los procesos judiciales que pudieran iniciarse si las jornaleras se atreven a denunciar a sus agresores.
El líder sindical ha reclamado la habilitación de “inspectores motorizados que puedan desplazarse y entrar en los campos para conocer la situación”. A la explotación laboral y las condiciones infrahumanas que soportan las trabajadoras durante la recogida de fresas y arándanos, se suma la explotación sexual que sufren. Según el magazine alemán  se da en la zona de Palos de la Frontera y la vecina Moguer,  una elevadísima tasa de abortos,  siendo casi el 90% de trabajadoras migrantes marroquíes y algunas rumanas y búlgaras.
Izquierda Unida llevó este pasado lunes 14 de mayo un escrito al Congreso de los Diputados exponiendo la situación de las trabajadoras marroquíes en el campo onubense. La diputada  de Unidos Podemos  Isabel Salud cuestiona al gobierno sus medidas ante las “situaciones dramáticas que afirman soportar las trabajadoras migratorias de los campos de fresas de Huelva” “¿Qué datos tiene el Gobierno sobre violaciones a mujeres y abortos de trabajadoras inmigrantes en el campo onubense? ¿Hay algún tipo de investigación abierta sobre la supuesta explotación laboral y sexual de las trabajadoras de los campos de Huelva?
Las informaciones empiezan a enfrentarse. Son muchos los intereses económicos en la zona. Hay sectores interesados en que las denuncias expuestas en el artículo alemán aparezcan como casos aislados. Un agente de policía local de Palos de la Frontera cuando se le preguntaba por las investigaciones o estadísticas en curso sobre los casos de violación o abuso sexual respondía: “El abuso sexual no es algo español”
Ante esta respuesta no es difícil entender que mujeres en clara desventaja por su situación, por la barrera idiomática, por su dificultad en probar el abuso sufrido ante los tribunales y por miedo a represalias,  prefieran callar el infierno en el que viven.
Alrededor del 80% de las fresas que importa Alemania provienen de los campos de Huelva. Y correctiv.org ha movilizado con sus artículos la respuesta de la población alemana y no se descarta que se organicen campañas de boicot a estos productos españoles por la falta de cumplimiento de las mínimas condiciones laborales y de derechos humanos con las que se recolectan.
Por eso ASAJA (Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores), UPA (Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos), FRESHUELVA (Asociación Onubense de Productores y Exportadores de Fresa), UGT (Sindicato Unión General de Trabajadores), CCOO (Sindicato Comisiones Obreras), Cooperativas Agro-alimentarias de Huelva y la Asociación Interprofesional de la Fresa Andaluza (Interfresa) emitían un comunicado que transcribiremos textualmente:
1. No tener constancia de ninguna denuncia ni procedimiento judicial en curso de unos supuestos abusos sexuales en campos de fresas. El no contar con datos concretos nos imposibilita la actuación desde estas organizaciones.
2. De haberse tenido conocimiento de cualquier delito de esta índole, nuestras organizaciones habría sido las primeras en ponerlo en conocimiento de las autoridades, denunciándolas, ya que sobre estos temas tenemos tolerancia cero.
3. La Guardia Civil, con la colaboración de todas nuestras organizaciones, tiene el dispositivo EDATI (Equipos de Atención al Inmigrante) durante los meses de campaña. Este dispositivo está dedicado a la atención del inmigrante, velar por el cumplimiento de la normativa que regula la contratación laboral, facilitar su estancia en suelo nacional y promover su integración, así como servir de enlace con cualquier institución implicada en el tema. Por ello es este dispositivo el encargado de velar por el cumplimiento de la Ley y quién vela por que cualquier delito relacionado con sus funciones no se produzca y de investigarlo en caso de existir sospechas de ello.
4. No podemos aceptar por ello que se generalice a todo un sector lo que, evidentemente, causa un daño al conjunto de personas, trabajadores, productores, comercializadores, transportistas que lo componen. Y que compite en el mercado con las fresas de otros países.
5. El contenido que está circulando por internet como las reproducciones que se han dado en otros medios y redes sociales se van a presentar ante la Fiscalía para que inicie, si así lo considera, una investigación de oficio para saber con certeza lo que de verdad hay en los textos editados y luego reproducidos.
Este comunicado pretende sin duda salvaguardar sus responsabilidades ante los hechos denunciados por el medio alemán y chocan con las declaraciones que el secretario general del SAT habría afirmado: “No entendemos el comunicado de los productores agrarios y UGT y CCOO. “No hace falta más que venirse a dar una vuelta a los tajos para conocer lo que pasa, que está la vista de cualquiera”, ha asegurado.  “Se pueden desplazar a las plantaciones que hay en Palos de La Frontera para ver que eso es inhumano y que nadie hace nada. Ese es el gran problema, que nadie hace nada”.
“Yo vivo a 200 Km de aquí”, ha añadido el líder del SAT, “y me llegan las informaciones que estamos denunciando. Entendemos que no hay suficiente respuesta por parte de las entidades competentes, ni del Gobierno de España ni, tristemente, de la Junta de Andalucía”. Al respecto de la administración autonómica, Reina ha pedido “un Instituto de la Mujer en condiciones que defienda a las compañeras para que no sufran la explotación laboral y sexual que están sufriendo”.
Las graves situaciones denunciadas y que lamentablemente eran conocidas por muchos están ahora creando alarma social, salpicando a las instituciones y organismos que tendrían que haber estado mucho más atentos al cumplimiento de derechos laborales y derechos humanos de su zona de responsabilidad.
Si bien fueron reacios a los encuentros con las periodistas alemanas cuando realizaban sus investigaciones, es en este momento cuando la Junta reconoce tener conocimiento de prácticas abusivas en el campo onubense. Por ello pretende promover un “Decálogo de buenas prácticas en la contratación de jornaler@s” que incluye, por parte de la patronal el compromiso de vigilancia del “cumplimiento estricto” del Convenio Colectivo del Sector de Trabajadores del Campo de la Provincia de Huelva. También la obligación para las empresas contratantes de facilitar alojamiento a sus trabajadores de carácter gratuito no descontándose alquiler alguno al trabajador, que deberá reunir los requisitos adecuados de sanidad e higiene exigidos por la legislación vigente, para que los trabajadores puedan habitar en ellos de una forma digna, reuniendo, como mínimo, las condiciones de habitabilidad establecidas por el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.
Fuentes de la Junta de Andalucía respondían al periódico onubense “La mar de Onuba” este 18 de mayo, ante la información destapada por corrective.org “… es importante destacar, sin restarle la gravedad que encierran, que se trata de hechos puntuales y no generalizados. Date cuenta de que el campo onubense congrega a decenas de miles de trabajadores durante las campañas de los frutos rojos, la joya de la corona de la agricultura onubense, y que unas docenas de casos, como refieren los medios que han informado sobre ellos, no deben empañar el buen nombre de los agricultores de la provincia de Huelva, que son, en su inmensa mayoría, empresarios honestos que hacen lo posible por cumplir la normativa y ofrecer buenas condiciones laborales a sus empleados”.
Lamentablemente hasta que no han sido denunciadas la precariedad y la situaciones de casi esclavismo vividas en los campos andaluces no se han propuesto extraordinarias medidas de control aunque estará por ver lo que verdaderamente cumplan.
Siempre es de agradecer la denuncia de los medios de comunicación que destapan lo que “muchos han escuchado pero donde nadie habla de eso” y es nuestra función expandir la información para denunciar el abuso, la vejación y la vulneración de los derechos humanos allí donde se produzcan, por encima de intereses económicos y de relaciones comerciales donde el enriquecimiento de algunos es a costa del sufrimiento y la explotación de otros muchos.