« Vela en la obscuridad » España: Corrupción ¿Deporte nacional?

0

La información este pasado martes de que el Tribunal Supremo habría ratificado la condena al cuñado del rey de España Felipe VI, Iñaki Urdangarin y que supondría su ingreso en prisión al ser condenado a cinco años y diez meses, es otro momento delicado para la monarquía española.

Hamid El Idrissi El Imrani
Los rumores del alejamiento del matrimonio son cada vez más extendidos si bien siguen cumpliendo con su agenda protocolaria. De hecho, puede que el plazo de cinco días para ingresar en prisión del esposo de la Infanta Cristina, coincida con la visita de los monarcas a Nueva Orleans, San Antonio y Washington, prevista para los próximos días.

Inicialmente en febrero de 2017 había sido condenado a una pena superior (6 años y 3 meses que incluía el delito de falsedad ahora rechazado y que aminora la condena) y donde su esposa, la infanta Cristina resultó finalmente absuelta.
Aunque a nivel personal pueda haber un apoyo a los ex duques de Palma, se ha optado a nivel oficial por mostrar el máximo distanciamiento de la pareja implicada en el conocido como “Caso Nóos”, cuyo entramado se inicia en el 2010 y por el que Iñaki Urdangarin y su ex socio Diego Torres a través de una fundación sin ánimo de lucro “Instituto Nóos” y otras empresas societarias, firmaron acuerdos con diferentes responsables de comunidades autónomas y por las que recibieron cuantiosas sumas del erario público español, incluso sin haberse materializado los proyectos ofrecidos por esta institución o habiéndolos realizado por presupuestos desorbitados.
Durante solo dos años, 2006 a 2008, y según una perito del Ministerio de Hacienda, las ganancias obtenidas por los dos creadores de Nóos estarían cifradas en 4,5 millones de euros.
Malversación, fraude a la Administración y delito contra Hacienda, prevaricación, falsedad documental y blanqueo de capitales son los cargos por los que está imputado y por los que su ex socio y mano derecha Diego Torres ha recibido igualmente orden de ingreso en presión por una condena dos meses inferior a la de Urdangarin: cinco años y ocho meses, si bien el Tribunal Supremo rebajara este martes la condena en dos años y diez meses por absolverle de tráfico de influencias y blanqueo de capitales.

También ha ingresado en prisión el ex presidente de la comunidad balear Jaume Matas, condenado a tres años y ochos meses por delitos de falsedad y malversación de caudales públicos en este caso de corrupción. No es su primera condena para el ex presidente del Partido Popular de Baleares, pues en el 2015 permanecería 9 meses en la cárcel por el delito de tráfico de influencias. Otro miembro del PP, el vice alcalde de Valencia, Alfonso Grau, dimitiría tras la confirmación de la Audiencia de Palma a ser juzgado por delitos en relación a los contratos firmados con el Instituto Nóos que dirigían Urdangarin y Torres. El que fuera la mano derecha de la entonces alcaldesa de Valencia Rita Barberà (recordemos implicada en la Trama Gürtel y fallecida súbitamente en un hotel de Madrid en plena investigación) denunciaba que “este proceso pasará a la historia por la cacería electoral al que le ha sometido el grupo municipal socialista”

Y lo cierto es que este proceso pasará a la historia, sin duda, y cumpliendo con las palabras que la propia Rita Barberà expresaba a su compañero de partido: “Se hará justicia en este caso”

Por formar parte de la prestigiosa institución real, a Iñaki Urdangarin se le habían abierto las puertas para que su “asociación altruista” recaudara importantes y desproporcionadas sumas de organismos públicos y privados. Por ello, cuando en el 2011 el juez Castro le imputa, es la misma Zarzuela la que le aparta de todas las actividades oficiales. Incluso su ex socio le acusa de usar su relación con la Casa Real para “hacer negocios” y declaraciones más graves aún: “Jamás se hizo nada sin antes haber informado a la Casa Real”
La propia Infanta Cristina es una de las inculpadas en el caso y aunque resultara absuelta deberá abonar casi 137.000 euros de responsabilidad civil por participar a título lucrativo de los delitos de malversación y fraude de su cónyuge. Una cifra muy rebajada si contamos con que en febrero del 2014 la Fiscalía Anticorrupción le pedía 600.000 euros.
En junio del 2015 el rey Felipe VI revocaba el título de duquesa de Palma a su hermana y por extensión a su marido.
España está siendo testigo de cómo los principales responsables de su país están comprometidos en casos de corrupción. Y lo peor es que todavía hay muchos casos abiertos pendientes de sentencia que implican a políticos de uno y otro tinte.
El recién gobierno formado por el socialista Pedro Sánchez tras la moción de censura contra Mariano Rajoy tras la imputación de su partido en la primera fase de la trama Gürtel, ya está en el ojo de mira: el ministro de Cultura, Màxim Huerta dimite de su cargo una semana después de haberlo prometido.
Tras salir a la luz la sentencia en su contra frente a la Hacienda Pública por el que el presentador y escritor habría cometido fraude fiscal en sus ejercicios fiscales del 2006, 2007 y 2008 por más de 200.000 euros y condenado en 2017 a pagar 365.938 euros que incluyen recargos e intereses.

El ya ex ministro de Cultura, y si me permiten la broma, al que pudiera apodarse Màxim “el Breve” habría satisfecho ya su deuda con el fisco. Por eso expresaba “He pagado esta multa dos veces. La segunda, aquí y ahora. Consciente de que la inocencia no vale de nada ante esta jauría”

Y es que, lamentablemente, cuando la corrupción es un elemento demasiado frecuente y cuyos tentáculos se expanden a muchos sectores, cualquier mancha no es perdonada. Ahora todos están a la expectativa de todos y al señor Huerta “le ha explotado de lleno”. 

Pues al menos, que se reconozca su decisión y que otros aprendan. Las dimisiones en España, al contrario que en otros países europeos, no son un acto muy común. En muchas ocasiones se espera a que campe el temporal para continuar como si nada pasara. En otras, la acusación al contrario es la respuesta. Por eso es tan importante la independencia judicial, para que si uno no es capaz desde la ética de reconocer los fallos cometidos que sea la justicia quien te los señale.

Cien días suele ser el tiempo “histórico” estimado para que un Gobierno pueda ser analizado y autoevaluado sobre su gestión, sus proyectos y reajustes. Si en la primera semana dimite un ministro, señores, mucho nos queda por ver.

El presidente Pedro Sánchez hacía en el 2015 unas declaraciones que en este momento “sentencian” su opinión al respecto (aunque en su día fueran dirigidas al ex secretario de ´Podemos´, Juan Carlos Monedero): “Si tengo en la Ejecutiva de mi partido, en mi dirección, a un responsable político que crea una sociedad interpuesta para pagar la mitad de impuestos que le toca pagar, esa persona estaría fuera de mi Ejecutiva”
Y aunque algunos tilden de “maldita” la hemeroteca que recoge testimonios y declaraciones de políticos y presidentes o de quien sea, me parece que es magnífico poder rescatarlos. Porque la palabra ha ido perdiendo la importancia que en un pasado tenía. La palabra como presentación de uno mismo ante los demás. Y aunque también dicen que “las palabras se las lleva el viento” yo añado: “… Si, pero llegan a Dios”
 
Hamid El Imrani El Idrissi

DEJA UNA RESPUESTA

Please enter your comment!
Please enter your name here