El estudio de seguimiento de la aplicación de la ley 103.13 relativa a la lucha contra la violencia contra las mujeres, cuyas conclusiones fueron presentadas el martes en Salé, pone de relieve una diversificación significativa de los medios de prueba adoptados por la justicia en los casos relacionados.
Según las conclusiones de este estudio, desveladas en presencia de la ministra de Solidaridad, Inclusión Social y Familia, Aawatif Hayar, el poder judicial se basa en sus sentencias en la diversificación de los medios de prueba para probar estos delitos de violencia en cumplimiento de los principios de libertad de prueba y discrecionalidad, respetando al mismo tiempo las prácticas internacionales en la materia.
Realizado por el Ministerio de Solidaridad, Inclusión Social y Familia en colaboración con el Fondo de Población de las Naciones Unidas, el estudio pide una comprensión unificada de las disposiciones de la ley 103.13 mediante la organización de sesiones de formación para los actores afectados por su aplicación.
En cuanto a los procedimientos, exige a la policía judicial que intervenga inmediatamente en cuanto tenga conocimiento de una agresión contra una mujer, al tiempo que recomienda que se fijen plazos para la finalización de las investigaciones al respecto.
También llama a la creación de una policía judicial especializada en delitos de violencia contra las mujeres y la creación de secciones correccionales en los tribunales de primera instancia y secciones penales en los tribunales de apelación especializadas en casos de violencia contra las mujeres.
El estudio pide también la creación de tribunales especializados en este tipo de delitos, la creación de un tribunal penal en el Tribunal de Casación para tratar estos casos, la prestación automática de asistencia jurídica a las mujeres víctimas de violencia y el derecho a un abogado durante la investigación preliminar, añadiendo que el Ministerio Público y el tribunal deben informar a la víctima de todos sus derechos durante el procedimiento judicial. Map
