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Consejo de Europa/migración: Entre la responsabilidad y la solidaridad

Rozando los inicios de este mes de julio, el Consejo de Europa se enfrentaba entre otros a un tema especialmente delicado y que requería de una perspectiva común: la migración.

Imrani Idrissi Hamid
La frágil línea que separa la responsabilidad de la solidaridad, ha posicionado a los diferentes estados miembros hasta que en la madrugada del viernes 29 de junio se perfilaron acuerdos básicos que aceptaron todas las partes.
No olvidemos que países como Hungría, Eslovaquia, República Checa y Polonia chocan contra el sistema de reparto de las cuotas de reubicación de refugiados propuesto por la Comisión Europea. Los ultranacionalistas en el poder pretenden que la inmigración ilegal sea una lucha prioritaria en sus fronteras. Italia y su primer ministro Giusppe Conte, no han dejado dudas: “Nada está acordado hasta que todo esté acordado”, exigiendo el “aterrizaje” de acuerdos sobre el tema migratorio antes de continuar con los demás temas a debatir. El primer ministro maltés, Joseph Muscat se suma a la opinión de su colega italiano, queriendo dar a entender que el inmigrante que desembarca en cualquier punto de las costas del Sur europeo, lo hace en Europa.
La abrumadora responsabilidad que recaía sobre Italia, Grecia y España al ser geográficamente la entrada de la migración africana, era recogida en el llamado “Reglamento de Dublín”. Esta forma de enfocar el tema fracasó al igual que después lo hiciera el sistema de “cuotas de refugiados” por país. Y este intento de reforma es lo que han estado debatiendo los Veintiocho.  
Mientras, Francia y España, pretenden defender las soluciones europeas de cooperación frente a las “nacionales”, pero proponen a Europa una visión solidaria. Recordemos que el  “estrenado” presidente español Pedro Sánchez autorizó el desembarco en tierras españolas del Aquarius, un barco humanitario con 630 inmigrantes a bordo, tras la negativa de Italia y Chipre a recibirles en sus costas. El presidente Enmanuel  Macron  también mostró su solidaridad anunciando que acogería en tierras francesas a los rescatados del Aquarius que lo solicitaran. 
Por su parte, la alemana Angela Merkel se encuentra atrapada por la presión de sus socios bávaros, que le exigen mano dura en el tema migratorio. Merkel ha abogado por la solidaridad entre países si bien ha dicho querer frenar la “migración secundaria”. La canciller alemana destaca dos principios claves “Por un lado, es necesario apoyar a los países que reciban un gran número de inmigrantes, pero a la vez hay que mantener el principio de que un refugiado no puede escoger arbitrariamente el país en que solicita asilo.” 
Aunque los peores momentos de la crisis migratoria acontecieron en el 2015 y en este momento los datos de la migración se han reducido casi en un 95%, sigue siendo necesario un control efectivo en las fronteras de los países de la UE así como el enfoque con el que abordar el sistema de asilo de los inmigrantes llegados.
Diferenciando los refugiados “con derecho a permanecer“ de los que inician su periplo de forma irregular y que serán devueltos a sus países de origen, la  Unión Europea acuerda la creación voluntaria de centros “controlados” donde efectuar esta separación.  Todas estas gestiones debieran estar caracterizadas por la rapidez y la seguridad de las personas rescatadas del mar y según las conclusiones “En Europa solo se podrá crear, por los países que quieran, puntos de desembarco, pero de forma voluntaria”.
Al conocer los convenios alcanzados por la UE en materia migratoria, la ONG que opera en el barco Aquarius junto a Médicos Sin Fronteras, SOS Méditerranée, los ha criticado al considerarlos “completamente contradictorios con el derecho marítimo internacional y el derecho internacional humanitario… Las soluciones perfiladas para el desembarco de las personas rescatadas son confusas y no ofrecen un marco de acción para los navíos implicados en las operaciones de salvamento”, expresaba la Directora General de la ONG, Sophie Beau.
Sin mención directa a terceros países, que deben dar su consentimiento para instalar en su suelo estos centros, los Veintiocho piden esfuerzos adicionales para implementar acuerdos que mejoren el control migratorio. 
También señalan el apoyo financiero que pretenden dar los Estados miembros a quienes son puntos de llegada y tránsito, como España y Marruecos, para prevenir la migración ilegal. Piden implementar el acuerdo migratorio con Turquía con el fin de detener los flujos.
Su Fondo Fiduciario de Emergencia para África ha sido denunciado por la Confederación Europea de ONGs para el desarrollo (CONCORD), pues los fondos de cooperación son desviados al control fronterizo de Níger y Libia, países donde se acumulan denuncias de vulneración de derechos humanos. 
Con el argumento de asegurar la seguridad de los países con tránsito de inmigrantes, la UE hace la vista gorda en el control y en la evaluación de los proyectos financiados con el Fondo Fiduciario  y así lo alertaban las ONG europeas: “La política de financiación de la UE en Libia podría estar contribuyendo involuntariamente a mantener las devoluciones de migrantes a los campos de detención, a reforzar las prácticas de vulneración de los derechos humanos y a fortalecer las milicias locales”.
Y Europa, por coherencia con sus políticas de desarrollo y democracia, y por tanto de solidaridad, no puede perder de vista que el punto de partida de cualquiera de sus decisiones, lejos de miedos a “efectos llamada” en ningún momento pueden obviar los derechos de las personas  y más cuando se trata de los más vulnerables. Y no supervisar la manera en que los frenos migratorios se realizan por terceros a los que financia, es otra forma de aprobar cómo lo hacen y por tanto, son responsables de ello.
En este sentido, el acuerdo de creación de centros de control, que algunos toman como grandes Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE)  en Europa, arranca con la crítica de expertos y ONGs y algunos eurodiputados, por considerar que terminarán siendo lugares de encierro para esas miles de personas hasta que se decida si se asilan o son repatriadas. 
En España se advierte que su legislación no permite privar de libertad a los solicitantes de asilo ni a los menores y los expertos avisan que cualquier propuesta de centros controlados en los que se encierre a las personas en tránsito por el simple hecho de migrar, es contraria a los derechos humanos.
Y en su diferenciación entre refugiados e irregulares propuesta en el Consejo de la UE, no pueden obviarse determinados matices  y así lo recordaba la portavoz en España del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), María Jesús Vega: “Tampoco pueden ser retenidos en estos centros los solicitantes de reagrupación familiar. O menores, personas con situación de vulnerabilidad especial o víctimas de torturas o violencia sexual o de género. Para todos ellos, incluidos los solicitantes de asilo, detención nunca.”
La aceptación del presidente español Pedro Sánchez a la creación de estos centros pasa por desarrollar correctamente este asunto en sus propias fronteras, y aunque expresaba la frase “Una responsabilidad común para un desafío común” al salir del Consejo Europeo en Bruselas que daba a entender la responsabilidad de toda Europa ante este tema, lo cierto es que tiene que lidiar en su propio terreno.
El Reglamento de desarrollo de la Ley de derecho de asilo y protección subsidiaria lleva varado en España desde 2009. El ejecutivo de Mariano Rajoy enterró en su día igualmente la propuesta de sacar adelante la Ley Integral para la Igualdad de Trato y la No Discriminación. Y el líder socialista quizá no pueda llevar a cabo todas las propuestas y más durante un periodo incierto, pero puede empezar a dar respuesta a cuestiones inmediatas y a marcar las bases a favor de la inclusión y la cohesión social y luchar contra los discursos xenófobos que últimamente se venían incrementado en España y en la vecina Europa.
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