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Miguel Ortiz Asin FORUM CANARIO – SAHARAUI (FOCASA) El proceso de Godeim Izik

Desde el pasado día 13 de marzo, se ha venido celebrando en la cámara criminal, ante el Tribunal de apelación de Rabat-Sale, el proceso para juzgar a los asesinatos acaecidos en las afueras de Aaiún a 11 miembros de las fuerzas del orden que fueron asesinados a sangre fría cuando no estaban armados, y cuando cumplían con las misiones del mantenimiento del orden, durante el desmantelamiento del campamento, el 8 de noviembre del 2010. Hechos que fueron filmados por 7 cámaras de las fuerzas del orden, más una octava cámara por teléfono.

 Estos execrables crímenes que fueron cometidos por elementos entrenados en los métodos más inhumanos, han querido ser politizados y pretendido presentar ante la opinión internacional, como la situación de un pueblo que se encontraba viviendo la libertad, disfrutando de su cultura y sus tradiciones y compartiendo la acampada, pero las imágenes aterradoras de los asesinatos y de los gendarmes muertos, y las declaraciones del reconocimiento del asesinato, no han podido dejar lugar a dudas el odio y el ensañamiento empleado en sus acciones sádicas y terroristas.
   Tras la detención de los 25 presuntos autores el 12 de septiembre de 2010, fueron condenados en un tribunal militar en febrero de 2013, pero tras los recursos procedimentales, el Tribunal de Casación anuló la sentencia del Tribunal Militar, porque con la reforma de la Constitución marroquí de 2011 cambia, y los juicios cometidos por civiles sean contra militares o no tienen que ir a la jurisdicción civil.
   La nueva vista fue fijada para el día 23 de diciembre pasado, pero por razones procesales el juicio de los 23 asesinos de la masacre de Godeim Izik, (uno se encuentra hospitalizado y otro declarado en rebeldía) se ha reanudado para su desarrollo a partir del 13 del actual.
   Pese a toda la operación propagandista de los activistas pro-Polisario y en su intención de politizar el proceso para querer intentar desacreditar su desarrollo, la celebración de las audiencias públicas y la garantía a los acusados de todos sus derechos en un juicio equitativo muestran que Marruecos es un Estado de derecho con un sistema jurídico justo y fiable, como así lo han reconocido organizaciones y juristas de reconocido prestigio que asisten en la causa.
   Para encubrir su responsabilidad, podemos resaltar el silencio de los responsables del Polisario, que una vez más ha estado a cargo de sus activistas, que siempre están dispuestos a querer tergiversar los acontecimientos, aunque en este caso se trate de acciones criminales.
   Aquí lo que se intenta es juzgar a los asesinos de 11 personas, sin mezclar sentimientos, ideologías, pensamientos o afinidades, porque el daño causado es irreparable y con secuelas imborrables en sus familiares, víctimas asimismo de estos crímenes.
    En una tentativa desesperada de sabotear el juicio y su equidad, los procesados han rechazado que el tribunal difunda las imágenes de sus monstruosos hechos criminales, pero no se puede ocultar lo que obviamente se ha mostrado y divulgado por todos los medios de difusión y que ha escandalizado a observadores internacionales y juristas que no se habían hecho eco anteriormente.
   El dolor de las familias de las 11 víctimas mortales, ha sido rememorado por la conducta indigna de los acusados, que cuando llegaron a la corte demostraron su alegría sin respeto a su sufrimiento, eso demuestra una vez más el profundo desprecio de la clase humana, que pretende presentar a los acusados como víctimas en una indiferencia total respecto a las mujeres e hijos de los “mártires en el cumplimiento de su deber”.
   Este “Fórum Canario Saharaui”, con el desgraciado conocimiento del sufrimiento de las víctimas del terrorismo sufrido en España, quiere hacer constar:
-Su total apoyo a las familias de las víctimas de los crímenes de Godeim Izik en 2010, su solidaridad con la “Asociación de familiares y víctimas marroquíes de Godeim Izik”, que se preserve y honre la memoria de las víctimas y se vele por su rehabilitación mediante la aplicación de la ley contra los criminales y que se defienda los intereses legítimos de las familias de las víctimas.
Las Palmas a 20 de marzo de 2017 
 
 
 
 
 
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