El discurso pronunciado por Su Majestad el Rey el viernes 9 de octubre de 2026, con motivo de la apertura de la primera sesión del primer año de la duodécima legislatura, constituye una oportunidad para reflexionar sobre una nueva etapa en la trayectoria de Marruecos, que va más allá de la mera presentación de los logros alcanzados o de la definición de las prioridades futuras.
En esencia, el discurso plantea la necesidad de avanzar hacia un nivel superior de ambición nacional, lo que exige desarrollar los métodos de gestión de los asuntos públicos, mejorar el rendimiento de las instituciones y reconsiderar la naturaleza de las relaciones entre el Estado y la ciudadanía, así como con los socios internacionales. El desafío ya no se limita a poner en marcha grandes proyectos y ampliar las infraestructuras, sino que consiste, fundamentalmente, en transformar el capital histórico, político y de desarrollo acumulado por el país en resultados económicos y sociales tangibles, de los que puedan beneficiarse los distintos sectores de la población y territorios de manera más equitativa y equilibrada.
Desde esta perspectiva, los contenidos del discurso real pueden interpretarse como elementos interrelacionados de una visión integral que combina la identidad nacional, entendida como fuente de confianza y continuidad; las transformaciones internacionales, que exigen preparación e iniciativa; las asociaciones exteriores, cuyos fundamentos deben revisarse; y las instituciones representativas, que están llamadas a asumir sus responsabilidades para hacer realidad la transformación deseada. El mensaje fundamental que articula estos ejes es que la consecución de la ambición nacional no depende únicamente de la claridad de la visión, sino también de la eficacia de su ejecución, la credibilidad de los compromisos y la capacidad de traducir las orientaciones anunciadas en resultados concretos.
En este contexto, la referencia a la historia y a la identidad nacional al comienzo del discurso adquiere un significado político que trasciende el reconocimiento simbólico del pasado. La alusión a la antigüedad de la nación marroquí, a la institución de la monarquía, a la institución de Emirato de los Creyentes y a la diversidad de las fuentes civilizatorias que conforman la identidad nacional presenta la continuidad histórica como una base para abrirse al futuro, y no como una justificación para conformarse con los logros del pasado. Se pone así de relieve la relación entre el orgullo identitario, el fortalecimiento del sentimiento de pertenencia y la asunción de responsabilidades. El valor de la identidad no se mide únicamente por los sentimientos de orgullo y satisfacción que suscita, sino también por su capacidad para traducirse en una conducta responsable en el ámbito público, en la excelencia profesional, en el respeto a las instituciones y en el compromiso con la protección del interés común.
En consecuencia, el discurso plantea una nueva interpretación del concepto de patriotismo en el contexto de la próxima etapa, entendiéndolo como un compromiso práctico que no se limita a celebrar los logros, sino que incluye la disposición a asumir la responsabilidad de desarrollarlos y corregir las deficiencias que puedan limitar sus efectos. El orgullo por los avances conseguidos no es incompatible con la crítica; al contrario, su preservación y la ampliación del número de personas que se benefician de ellos exigen evaluar y revisar el desempeño siempre que las circunstancias lo requieran. Desde este punto de vista, la combinación de una afirmación de confianza en Marruecos con una advertencia sobre los retrasos y obstáculos existentes no constituye una contradicción. Se trata, más bien, de distinguir entre la confianza en las capacidades del Estado y de la sociedad, por un lado, y la satisfacción absoluta con el desempeño de las instituciones y de los distintos actores, por otro.
Asimismo, la descripción de la etapa actual por parte de Su Majestad el Rey como un periodo lleno de oportunidades que quizá no vuelvan a repetirse encierra consideraciones relacionadas con los tiempos políticos y económicos, así como con la necesidad de abordar las transformaciones internacionales como oportunidades limitadas en el tiempo, y no como recursos permanentemente garantizados. Los cambios que se producen en los ámbitos de la inversión, la producción y la tecnología pueden abrir amplias posibilidades para el ascenso económico; sin embargo, también pueden convertirse en oportunidades perdidas para los países que retrasen sus reformas o sean incapaces de adaptarse a las nuevas circunstancias. Por ello, el llamamiento a convertir la nueva legislatura en un verdadero punto de inflexión significa, en sus distintas dimensiones, que la continuidad necesaria no debe limitarse a reproducir los métodos de gestión anteriores. Por el contrario, exige acelerar la transición desde la acumulación de proyectos hacia su integración, mejorar su rentabilidad y reforzar sus efectos sobre el desarrollo.
La vinculación entre crecimiento económico, justicia social y equidad territorial refleja la adopción de una concepción más amplia de la evaluación del proceso de desarrollo. El progreso económico de Marruecos no puede medirse únicamente mediante el aumento de los indicadores de producción e inversión si estos avances no se traducen en mejores oportunidades de empleo, en el desarrollo de los servicios básicos y en una ampliación de las posibilidades de movilidad social para la ciudadanía. Este enfoque confirma que la fortaleza económica necesita una base social amplia que garantice su sostenibilidad y contribuya a su estabilidad. Asimismo, la persistencia de las desigualdades sociales y territoriales puede limitar los efectos positivos de los grandes proyectos y debilitar la repercusión de los logros nacionales en la vida cotidiana de los ciudadanos y en su nivel de confianza en las políticas públicas.
En un contexto marcado por las transformaciones del sistema internacional, el discurso real sitúa la seguridad hídrica, energética y alimentaria, el despegue industrial, la economía digital y la inteligencia artificial dentro de un marco estratégico integrado. Esta interconexión refleja una ampliación del concepto de soberanía nacional, que pasa a incluir la capacidad de garantizar las condiciones necesarias para la vida y la producción, controlar las fuentes de vulnerabilidad y reducir la exposición a las perturbaciones externas. El agua, la energía y los productos alimentarios ya no constituyen simples ámbitos sectoriales independientes, sino elementos fundamentales para garantizar la estabilidad económica y social. Del mismo modo, las capacidades digitales y tecnológicas se han convertido en factores determinantes de la competitividad económica y de la autonomía en la toma de decisiones nacionales.
Desde esta perspectiva, cobra especial importancia el llamamiento a reforzar las reservas estratégicas y garantizar la continuidad del suministro de productos esenciales, como expresión de la necesidad de pasar de una gestión de las crisis una vez producidas a la construcción de capacidades para anticiparse a ellas. Sin embargo, la aplicación efectiva de esta orientación requiere establecer un sistema integral de prospectiva estratégica basado en la identificación precisa de los riesgos, el fortalecimiento de la coordinación entre las instituciones y la vinculación de las políticas de almacenamiento y diversificación de las fuentes de suministro con el desarrollo de la producción nacional. La resiliencia estratégica no implica encerrarse en uno mismo ni renunciar a la cooperación internacional, sino disponer de alternativas diversas que permitan mantener la actividad económica, garantizar el abastecimiento de las necesidades básicas y limitar las consecuencias de las perturbaciones externas.
En este mismo marco, el llamamiento dirigido al sector privado reviste especial importancia, habida cuenta del papel que se espera que desempeñe en el acompañamiento de la transformación del modelo de desarrollo. La exigencia de que las empresas estén a la altura de su condición de actores estratégicos refleja que el desarrollo no puede seguir dependiendo exclusivamente de la inversión pública, sino que necesita una contribución activa del tejido empresarial privado. El discurso real identifica varias funciones que deben asumir las empresas, entre las que destacan la iniciativa, la innovación, la inversión, la creación de empleo y la exportación. Esto plantea la necesidad de construir una relación equilibrada entre el Estado y el sector privado, basada en la claridad de las normas jurídicas y reglamentarias, la garantía de la competencia, el fortalecimiento de la transparencia y la vinculación de los incentivos y las ayudas públicas con la contribución efectiva de las empresas a la producción, la creación de valor añadido y la generación de oportunidades laborales.
Por otra parte, la cuestión de la juventud constituye un punto de encuentro evidente entre las dimensiones económica y política del discurso real. El énfasis en la educación, la capacitación y la integración no debe entenderse como una simple invitación a poner en marcha programas aislados dirigidos a un grupo de edad específico, sino como una expresión de la importancia de situar a los jóvenes en el centro de la evaluación de la igualdad de oportunidades y de la capacidad de las políticas públicas para responder a sus aspiraciones. La confianza que el discurso pretende reforzar no puede construirse únicamente mediante mensajes tranquilizadores, sino que requiere ofrecer itinerarios realistas que permitan pasar del aprendizaje al empleo, de la adquisición de competencias al reconocimiento profesional y social, y del sentimiento de pertenencia a la participación efectiva en la vida pública. En consecuencia, las políticas destinadas a la juventud deben evaluarse en función de su capacidad para reducir la brecha entre las promesas anunciadas y las oportunidades reales de construir un futuro digno y estable.
Sin embargo, una de las cuestiones internas más destacadas del discurso real es la relacionada con las deficiencias en la aplicación de las políticas públicas a escala territorial. El énfasis en la acción sobre el terreno, la transferencia de competencias y recursos y la definición clara de las atribuciones sitúa la ejecución en el centro de la reforma institucional y del desarrollo. Este enfoque exige distinguir entre la descentralización, que comprende las competencias y responsabilidades atribuidas a las entidades territoriales electas, y la desconcentración administrativa, que consiste en redistribuir las facultades de la Administración central del Estado en el ámbito territorial. La eficacia del desarrollo sigue dependiendo de la complementariedad entre ambos procesos, en lugar de permitir que la superposición de competencias se convierta en un pretexto para eludir responsabilidades o bloquear la toma de decisiones.
La insistencia en que no se acepten nuevos retrasos tiene, además, un significado que va más allá del reconocimiento teórico de la importancia de la reforma y subraya la necesidad de pasar a una etapa de resultados tangibles. El fortalecimiento de las regiones no puede lograrse mediante la mera transferencia de cargas y responsabilidades sin proporcionar los recursos y medios necesarios. Tampoco basta con atribuirles competencias jurídicas y administrativas cuya aplicación siga dependiendo de múltiples autorizaciones centrales y procedimientos complejos. Una lectura prospectiva de esta orientación conduce a la necesidad de establecer un acuerdo claro entre el Estado y las regiones que defina con precisión los objetivos, la financiación, los plazos y las responsabilidades, y que vincule la evaluación del desempeño con el impacto real de los proyectos en la vida de los ciudadanos, en lugar de limitarse al número de convenios firmados o de programas anunciados.
En lo que respecta a la migración y a las relaciones con España y la Unión Europea, el discurso real revela una orientación encaminada a reconsiderar el contenido de la asociación y los fundamentos de la cooperación existente. El llamamiento a superar el modelo actual de cooperación significa que abordar la migración centrándose en contener los flujos y controlar las fronteras ya no resulta suficiente para afrontar las distintas dimensiones y complejidades de este fenómeno. Una de las principales implicaciones de esta orientación es la voluntad de Marruecos de consolidar su posición como socio que participa en la elaboración de soluciones, la definición de prioridades y el reparto de cargas y beneficios, en lugar de reducir su relación con su entorno europeo a una función limitada a vigilar las fronteras y frenar los flujos migratorios.
El desarrollo de esta cooperación exige, por otra parte, abordar las diferencias jurídicas y judiciales dentro de un marco claro de garantías y compromisos recíprocos. La gestión de los casos de retorno de menores debe tener en cuenta su interés superior y basarse en la comprobación de que se cumplen las condiciones necesarias para su protección. Asimismo, la distinción entre solicitudes de asilo fundadas e infundadas requiere examinar cada caso individualmente, garantizar la equidad de los procedimientos y respetar el principio de no devolución. Por consiguiente, la construcción de una asociación equilibrada no es incompatible con la protección de los derechos y las libertades. Al contrario, la sostenibilidad de la cooperación depende de la capacidad de conciliar la lucha contra las redes criminales, el fortalecimiento de la responsabilidad compartida y el respeto de las obligaciones jurídicas pertinentes.
La afirmación de que la asociación constituye una opción soberana que no puede someterse a presiones define el marco que debe regir las relaciones exteriores, al tiempo que reafirma la voluntad de mantener la cooperación. En este contexto, el documento estratégico anunciado en el discurso real podría servir como punto de partida para pasar de una gestión recurrente de las crisis a la construcción de una agenda de cooperación más amplia, que abarque el desarrollo compartido, el fortalecimiento de la competitividad económica y la consolidación de la estabilidad regional. No obstante, el impacto efectivo de esta transformación seguirá dependiendo del contenido de los acuerdos que se elaboren, de la claridad de los mecanismos previstos para su aplicación y de los resultados prácticos que se deriven de ellos.
En la parte final de los ejes relacionados con la responsabilidad institucional, destaca la caracterización del mandato parlamentario como un compromiso político y un contrato ético, lo que reafirma el papel central de la institución legislativa en el acompañamiento de las transformaciones nacionales. La responsabilidad del Parlamento no se limita a respaldar las orientaciones generales o supervisar la ejecución de los programas gubernamentales, sino que también comprende la aprobación de leyes adecuadas, el control de la acción del Gobierno, la evaluación de las políticas públicas y el seguimiento de la asignación y utilización de los recursos financieros. La dimensión ética del mandato añade a la legitimidad electoral una serie de obligaciones relacionadas con la presencia activa, la integridad, la cercanía a los ciudadanos y la disposición a rendir cuentas, sin sustituir por ello los mecanismos de control y fiscalización institucional previstos en el marco constitucional y jurídico.
De este modo, el Parlamento está llamado a desempeñar una función que vaya más allá del ejercicio formal de sus competencias legislativas y de control, para contribuir de manera efectiva a transformar las opciones nacionales en políticas susceptibles de aplicación y evaluación. El cumplimiento de los compromisos políticos y éticos inherentes al mandato exige una participación seria en el debate de las cuestiones que afectan a los ciudadanos, el seguimiento de la ejecución de los compromisos adquiridos, la vinculación de la responsabilidad con los resultados y el fortalecimiento de la confianza en las instituciones representativas mediante la práctica efectiva, y no únicamente a través del discurso.
En conclusión, el discurso real dirigido a los representantes de la nación puede considerarse un hito que presenta la próxima etapa como una prueba de la capacidad de Marruecos para transformar la confianza en eficacia institucional, la soberanía en preparación estratégica, el crecimiento económico en justicia social y territorial, y la representación política en responsabilidad efectiva. Entre las ambiciones anunciadas y los resultados esperados destacan varias condiciones decisivas, entre ellas la calidad de las instituciones, la eficacia de la coordinación entre ellas, la claridad de los mecanismos de rendición de cuentas y la capacidad de ejecutar las políticas dentro de los plazos establecidos.
El mensaje fundamental que puede extraerse de los distintos ejes del discurso es que Marruecos, en su empeño por consolidar su posición como potencia emergente, debe garantizar que sus avances se reflejen en la vida cotidiana de sus ciudadanos. El verdadero criterio para medir el éxito de la próxima etapa no se limitará a la magnitud de los proyectos realizados ni al número de iniciativas anunciadas, sino que incluirá también la rapidez de ejecución, la distribución equitativa de sus beneficios y la credibilidad de los compromisos asumidos. En consecuencia, el desafío central consiste en convertir la eficacia de la acción pública, la equidad y la credibilidad en rasgos tangibles de la próxima etapa, y no en meros objetivos declarados o promesas pendientes de cumplimiento.
Traducido del árabe por :Abdessamad Benyaich
